De poco ha servido la contratación millonaria para la estrategia digital y posicionamiento online de una Presidencia de la República que vive, semana, tras semana, embarrándola en redes con acciones o declaraciones cuestionables de sus funcionarios.
La semana que pasó el más reciente escándalo verbal lo protagonizó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez al advertir que los colombianos, en el marco de la crisis por Covid19, no deberían estar «atenidos a ver qué hace el Gobierno».
Pero quiero referirme a otro ‘descache’ presidencial, que pasó un poco desapercibido por la tormenta que generaron la vicepresidenta y la contratación cuestionable del posicionamiento online con el ‘Fondo de Programas Especiales para la Paz’ , creado especialmente para fomentar la reincorporación de alzados en armas y para financiar acercamientos de paz.
El pasado 22 de abril, abogados de la Presidencia de la República le respondieron a una juez de Bogotá, en el marco del estudio de una tutela en la que un litigante pedía que lo contrataran temporalmente durante la cuarentena, que no entendían cómo una familia colombiana puede volverse pobre en tan sólo 20 días, en referencia a días de confinamiento producto del Covid19.
«La entidad señala que no comprende que una familia pase a ser pobre en tan sólo 20 días, pasando a ser un grupo de personas vulnerables o con pobreza extrema», se lee en la acción de tutela, que naturalmente fue fallada en contra del peticionario.
Más allá de la descartada petición de empleo que hizo el abogado para él y para su esposa, con el fin de sostener y llevarle mercados a sus hijos, reconocidos como afrodescendientes, creo que la Casa de Nariño retrocede los pequeños avances que ha logrado para cobijar a los sectores más afectados por la pandemia con este tipo de declaraciones.
En la acción de tutela, la Presidencia además sugería una «irregularidad» en la condición de pobreza que exponía el peticionario y advirtió que este colombiano no tenía algo que lo hiciera un caso excepcional frente al de otros en su misma situación.
«El accionante no demostró las razones por las cuales debe soportar mayor riesgo que el de todos los colombianos, por ende, las medidas solicitadas por el accionante son discriminatorias en relación con los demás ciudadanos. Por otro lado, se sugiere una irregularidad frente a la condición expuesta por el accionante y su familia», agregaron.
El litigante que pidió que lo emplearan es Tomás Oñate. Hoy sigue sin ingresos por la suspensión de la actividad judicial pero además se siente discriminado por la respuesta presidencial. «El presidente nos discrimina manifestando que existe la imposibilidad de que nosotros nos hayamos vuelto pobres en 20 días desconociendo que este problema pandémico nos pone en vulnerabilidad a todos», expresó.
Creo que a la Presidencia le bastaba responder que no tenía las competencias para asumir la petición del ciudadano, sin entrar a definir si una familia se puede volver o no pobre durante la cuarentena, teniendo en cuenta que en Colombia, según el DANE, se considera pobre a aquellas personas que perciben ingresos inferiores a los 257 mil 433 pesos.
En el marco de esta pandemia, ¿en qué escala de la estratificación socioeconómica debe ubicarse una persona que, ubicada en los estratos 3, 4 o 5, depende exclusivamente de los ingresos que ha dejado de percibir en esta coyuntura?
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