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Foto del escritorAna María Cuesta Rodríguez
8 oct 20187 Min. de lectura

¿Por qué Iván Duque le dice no al posconflicto?


Foto de Efraín Herrera

El gobierno de Iván Duque ha dado muestras de querer eliminar de toda la narrativa gubernamental la palabra ‘posconflicto’. El mandatario no la usó en su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto, ni en su primera intervención en Nueva York ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente evita utilizar, en sus constantes apariciones públicas, la expresión bandera de lo que fue el segundo mandato de Juan Manuel Santos.

Y esto sí que divide, pues el presidente bien podría seguir hablando de estos temas si se entiende el acuerdo de paz con las Farc como una “superación parcial” del conflicto armado, bajo la lectura del posconflicto como el “período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados” (ROSARIO, UNIVERSIDAD DEL, s.f.); o bien podría borrarla de tajo al acoger conceptos como el del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, que considera sinsentido la expresión ‘leit motiv’ de este artículo y que se muestra más partidario al uso de ‘posacuerdo’.

"Para nosotros el término posconflicto no tiene sentido, preferimos el posacuerdo, que es una fase posterior a la firma del acuerdo en donde dimos los primeros pasos de la implementación y hubo buenas noticias, por ejemplo, todo el trabajo de concentración de las Farc, el desarme y la transición de este grupo armado en un partido político, pero hubo también la creación de un grupo que se llama disidencia, que ahora tiene más guerrilleros y forma parte del conflicto armado no internacional. Para nosotros tiene mucho más sentido hablar de una fase de posacuerdo durante la cual hace falta construir la paz", (Harnisch, 2018)

Pese a la omisión discursiva de Duque, el ‘posconflicto’ aún no es suprimido del todo de las entidades de la rama ejecutiva encargadas del cumplimiento de los acuerdos suscritos con las Farc. De hecho, la Alta Consejería para el Posconflicto aún existe jurídicamente, según consta en el decreto de nombramiento de su nueva cabeza: Emilio José Archila. Pero ante el país y la opinión pública Archila no suena a Rafael Pardo; Duque le ha dado un matiz distinto al popularizarlo en el rol de alto Consejero para la Estabilización.

La misma transformación sufrirá, según fuentes allegadas al gobierno, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz -OACP-, a la que por lo pronto le han agregado un nuevo apellido: O.A.C para la Paz, Legalidad y Convivencia (OACP, 2018), acorde con el eslogan presidencial. Pero en pocos meses le llamarían, a secas, Alta Consejería para la Legalidad. Así lo dejó entrever Duque durante el acto de posesión del comisionado Miguel Ceballos, al que le encargó la tarea “de ejercer una Consejería que debe ser la de la legalidad, que nos permita la desmovilización, el desarme y la reinserción sobre la base de la legalidad, que es la forma como se cimienta una paz verdadera" (DUQUE, 2018).

Esa advertencia de “paz verdadera” que menciona el jefe de estado, más la eliminación paulatina del ‘posconflicto’, tiene preocupados a sectores que le apostaron durante el mandato de Juan Manuel Santos a la negociación con las Farc y a la implementación de una justicia transicional especial. Cuando habla de “paz verdadera”, ¿quiere decir que la que impulsó el anterior gobierno fue ‘falsa’? Hay quienes temen que, con el cambio de discurso, los acuerdos con la exguerrilla de repente queden en una trituradora de papel, aunque el presidente haya prometido no hacerlos trizas.

Al respecto el subdirector de la ONG Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, advierte que “el nuevo gobierno pretende que las palabras ‘paz’ y ‘posconflicto’ se acaben. Que no vuelvan a aparecer en ningún documento. Y me preocupa mucho el horizonte de esas dos instituciones con un gobierno que quiera eliminar esas palabras. Pareciera que en realidad no tienen un horizonte con respecto a la paz” (ÁVILA, 2018).

¿Pero qué hay detrás de la eliminación intencional del ‘posconflicto’? Aunque de momento el presidente ni sus altos funcionarios se han pronunciado sobre este cambio evidente, sí lo han comenzado a hacer, extraoficialmente, sus más cercanos asesores de campaña como Luigi Echeverri. Este abogado cataloga como “falsa paz” aquella que fue negociada durante el mandato de Juan Manuel Santos. Para superar esa falacia, ha propuesto cambiar la narrativa oficial sobre el ‘posconflicto’ y hablar, en cambio, de ‘legalidad, convivencia y estabilización’. En aras de ese cambio, el hombre que gerenció la campaña del presidente ha propuesto, entre otras cosas, desconocer jurídicamente la existencia del conflicto armado.

En ninguna democracia, y más en la colombiana que llega a su bicentenario, puede existir, jurídicamente, un “Conflicto Armado”. Conflicto armado es una condición que se da en derecho internacional, en la ausencia de democracia y de un Estado de derecho representativo; en las dictaduras o ausencia de legitimidad en el ejercicio del poder. “Guerra” es, jurídicamente, el enfrentamiento entre dos estados, dos países, dos naciones. Guerra no son las acciones de defensa de la institucionalidad democrática contra grupos alzados en armas, que hacen uso del terrorismo y la violencia contra las personas de bien; de las Fuerzas Armadas constitucionales; de toda la sociedad y del Estado legalmente constituido (ECHEVERRI, 2018)

Echeverri camina en la misma sintonía del presidente del Senado, Ernesto Macías. El comunicador social, que hoy lidera el parlamento colombiano y que comparte partido con Duque, también desconoció la existencia del conflicto, el pasado 7 de agosto. Tal y como siempre lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, durante sus ocho años de mandato, al reivindicar que en Colombia lo que existe es terrorismo.

Hay que recuperar la legalidad. Siempre creímos que para firmar ese Acuerdo no era necesario hacer trizas la Constitución ni las instituciones, porque en Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra el Estado, por tal razón, es urgente tramitar las modificaciones necesarias, sin caer en el fanatismo de destrozar los Acuerdos (…)Este nuevo Congreso de la República tiene la responsabilidad de modificarlos y ajustarlos para restablecer el Estado de Derecho y devolverles a los colombianos la confianza perdida en sus instituciones (MACIAS, 2018)

Haciendo una revisión de sus discursos como presidente, noto que Iván Duque también evita que la oración ‘conflicto armado interno’ salga de su boca. Borrar de la narrativa oficial la existencia de este fenómeno desconocería los derechos a la justicia, reparación y verdad de las víctimas de nuestras violencias, entre otras cosas porque la condición de conflicto fue reconocida oficialmente y en pleno, por el estado colombiano, sólo hasta el año 2011, con la Ley 1448. La Ley de Víctimas. Antes de esa fecha sólo la rama judicial, en su jurisprudencia, y la Fiscalía General de la Nación reconocían la existencia del conflicto armado interno, pero no sucedía lo mismo con el legislativo y el ejecutivo. -Aunque algunos señalan que dos leyes anteriores a la de Víctimas hicieron mención al conflicto armado interno, la 782 del 2002 y la 1106 del 2006, consideran que estas no tuvieron el mismo impacto político a la sancionada por el expresidente Santos-.

El gobierno colombiano negó durante años la existencia de un conflicto armado interno, del que no había duda desde la perspectiva del derecho internacional. La negación oficial se convirtió en un obstáculo para la discusión abierta y franca sobre cómo afrontar los crímenes cometidos en el país y debilitó las posibilidades de restaurar la confianza entre las instituciones del Estado y los ciudadanos. La decisión del presidente Santos abre caminos para identificar con mayor claridad la manera de enfrentar los crímenes cometidos por todas las partes del conflicto (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011)

Quienes defienden la actuación del gobierno uribista, que suscribió tratados sobre terrorismo e incluyó en los listados internacionales de amenazas terroristas a las guerrillas con las que Santos negoció, pueden advertir que en la práctica el conflicto armado ha sido reconocido en Colombia desde 1992, con la puesta en marcha de una unidad especializada del ente acusador en Derecho Internacional Humanitario: legislación que sólo opera ante la existencia de la mencionada condición. Hay quienes consideran que reconocer el conflicto armado, expresamente, es más una discusión política y que por tanto resulta inocua su negación. Pero otros actores difieren de esta postura. “Esta negación tiene consecuencias graves porque menoscaba el derecho de las víctimas, dificulta la exigencia del respeto al Derecho Internacional Humanitario, y representa un obstáculo para avanzar en la consecución de vías de diálogo que tanto necesita la sociedad colombiana”, expresó (Vallies, 2011).

En su momento, La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó la atención del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mentor del presidente Duque, por el desconocimiento del conflicto armado interno.

Según un comunicado emitido el lunes pasado por el organismo internacional, el presidente trata de terroristas a los combatientes y rechaza que el Estado sea una parte del conflicto. Esto podría llegar, según la Onu, "a que los integrantes de los grupos ilegales se creyeran, equivocadamente, liberados de cualquier deber jurídico con respecto a la observancia de los principios internacionales", dice la comunicación (REVISTA SEMANA, 2003)

Pero bueno, hay que decir que tres uribistas sí han reconocido, en contravía a la ideología de su mentor político, la existencia del conflicto. Ellos son los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, y el exsecretario privado de Palacio, Alberto Velásquez. Lo hicieron para pedir pista en la Jurisdicción Especial para la Paz. Para que sus condenas por la ‘Yidispolítica’ sean revisadas bajo el pretexto de que actuaron con ocasión del conflicto armado, “cosa que el gobierno de Uribe negó en los ocho años de su mandato” (EL ESPECTADOR, 2017).

Independientemente de esta contradicción, es necesario que el presidente Iván Duque, quien hasta el momento le ha dicho ‘no’ al posconflicto, realice una declaración pública aclarando cuál será el panorama de su gobierno con relación al eventual desconocimiento jurídico de la condición de conflicto armado interno. El país debería saber si el panorama será el mismo que acogió, en su momento, el líder natural de su partido.

Esto lo que nos muestra es ese cambio de enfoque del nuevo Gobierno con respecto a la paz, aunque todavía no ha puesto las cartas sobre la mesa. Pero el concepto y los términos con los que está hablando el Presidente creo que es una limitación para las políticas de paz. Se pueden meter en una camisa de fuerza muchas de las reformas, planes y acuerdos alrededor de la paz. Y eso en el caso del proceso con el ELN tiene un mensaje que puede ser restrictivo, en el sentido de que para ellos solamente habrá desmovilización, desarme, reincorporación. Quiere decir que temas sustantivos que tienen que ver con alguna reforma, una apertura democrática, o políticas de sentido económico y social quedarían por fuera (GONZALEZ-POSSO, 2018)

Aunque a algunos esta discusión les parezca baladí, la opinión pública y las víctimas del país podrían confundirse ante las puntadas que han dado quienes acompañaron al presidente en campaña y se han atribuido su vocería extraoficial. Presidente, ¿hacia dónde apunta su política de paz?

BIBLIOGRAFIA

Centro Internacional para la Justicia Transicional. (12 de mayo de 2011). ictj.org. Obtenido de https://www.ictj.org/es/news/el-reconocimiento-del-conflicto-armado-un-paso-positivo

Vallies, V. (30 de marzo de 2011). prensarural.org. Obtenido de https://prensarural.org/spip/spip.php?article5582

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